Criterios de internamiento

El internamiento de un paciente en un Hospital de Salud Mental es difícil por los problemas emocionales y materiales que genera su tramitación en la práctica diaria, sobre todo en lo que se refiere al transporte y la coordinación.

Sobre la base de la actual legislación y teniendo en cuenta el consentimiento del paciente se consideran 2 tipos de internamientos psiquiátricos:

  • Voluntarios o consentidos
  • Involuntarios, no consentidos o compulsivos

Los internamientos involuntarios deben considerarse una medida excepcional, cuando el sujeto no puede prestar un consentimiento válido debido a su enfermedad.

Es el internamiento más habitual, que se establece por contrato directo entre el paciente y el Centro, y que ambas partes pueden rescindir sin más. Es el que tiene lugar con el libre consentimiento del paciente, mentalmente competente, que pide que se le admita en un Hospital de Salud Mental.


Corresponderían a este supuesto la mayoría de los internamientos de tipo psiquiátrico que se realizan. En ellos, la sola manifestación de voluntad del paciente que solicita el ingreso o hace constar su conformidad con éste, equipara la situación a cualquier otra actuación terapéutica, y hace innecesaria la autorización judicial y la presenta vigilancia.


En cualquier momento, el paciente puede solicitar el alta voluntaria.

Serían los casos en los que el paciente no tiene capacidad para otorgar un consentimiento válido y se lleva a cabo por decisión de otras personas distintas al enfermo mental. Está basado en criterios terapéuticos y está justificado cuando la desestabilización condiciona una situación de peligrosidad evidente para el paciente o para los demás.

Podemos, a su vez, subdividir esta modalidad en urgente y ordinario.

Internamiento civil urgente

Es el facultativo quien decide, en primera instancia, proceder al ingreso, con la obligación de comunicarlo en el plazo de 24h al juez competente, quien deberá ratificar o dejar sin efecto la decisión en las 72h siguientes (art. 763.1 LEC). Son los más frecuentes.

Internamiento civil ordinario

Se caracteriza porque es la autoridad judicial quien autoriza el ingreso con carácter previo a éste, sin perjuicio de que posteriormente esta decisión venga confirmada por el criterio de un facultativo especialista mediante indicaciones terapéuticas reflejadas en informes médicos.

Podrán ser internadas las personas que tengan una enfermedad o deficiencia de carácter psíquico “que afecte la capacidad de decidirlo por sí mismo” (art. 763.1 LEC).

Este precepto será aplicable tanto a los mayores de 16 años (mayoría de edad a efectos de autonomía como pacientes) como a menores e incapaces, sin que respecto de los menores baste el consentimiento de los padres, ni respecto de los incapaces baste el consentimiento del tutor, y requerirá autorización o posterior ratificación judicial (art. 763 LEC).

Personas autorizadas para solicitar el internamiento

Nada dice la ley al respecto; por analogía se acude al art. 757 LEC, que se refiere a la legitimación en los procesos de incapacitación y de declaración de prodigalidad; pueden promover este internamiento el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos y el Ministerio Fiscal. En el internamiento urgente, ante situaciones de necesidad de atención urgente, cualquier persona puede comunicarlo a los servicios de urgencias llamando al número de teléfono 112.

Competencia para decidir el internamiento

En cuanto al internamiento involuntario urgente, quien lo decide en primera instancia es el facultativo (art. 763.1 LEC), que tiene la “obligación” tras el correspondiente juicio clínico de adoptar la medida.

En relación con el internamiento involuntario ordinario, quien lo autoriza previamente es el juez del lugar donde reside el enfermo (art. 763.1 LEC). Puede darse el caso de que posteriormente el especialista del centro rechace el internamiento al no considerarlo indicado.

En el internamiento involuntario urgente, el responsable del centro o el facultativo que adopta la medida debe comunicarlo rápidamente, “lo antes posible”, al juez y, desde luego, en el plazo máximo de 24h (art. 763.1 LEC). Posteriormente, el tribunal, una vez que tenga conocimiento de la noticia y, en todo caso, en el plazo máximo de 72h, ratificará o no esta medida (art. 763.1 LEC).

Control periódico/vigilancia del internamiento

Es necesario llevar a cabo un control posterior del internamiento. El juez puede revisar en cualquier momento, siempre que lo crea pertinente, la situación del internado, y solicitar informes médicos, pero está obligado a hacerlo en todo caso cada 6 meses.

Los informes periódicos se emitirán cada 6 meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior. Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento (art. 763.4).

Como ocurre con cualquier otro tipo de enfermedad, no será necesaria la autorización judicial para dar de alta al paciente, ya que la decisión del alta corresponde al médico psiquiatra encargado del tratamiento del paciente. “Cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente” (art. 763.4 LEC)

Criterios clínicos o causas de internamiento involuntario

En cuanto a los criterios clínicos de internamiento involuntario, no existen unos criterios claramente fijados para proceder al internamiento psiquiátrico de una persona por cuanto dependen no sólo del cuadro psicopatológico de cada paciente, sino también de la situación sociofamiliar y del contexto en que se produzca el trastorno, y ello exige, invariablemente, la evaluación de ese conjunto de factores en cada caso.

Respecto a las entidades nosológicas susceptibles de englobarse terapéuticamente en el internamiento en centros de salud mental, parece fuera de toda duda la aceptación incondicional del mundo de las psicosis, especialmente las esquizofrenias y las psicosis afectivas en sus fases de descompensación, de los síndromes psicoorgánicos graves, de los cuadros tóxicos con manifestaciones psiquiátricas graves, entre otras.

En España, como en la mayoría de los países, los criterios para el internamiento involuntario son en la práctica bastante amplios: delirios o alteraciones sensoperceptivas, alteraciones de conducta por incumplimiento terapéutico, ideación o intentos suicidas, incapacidad para cuidar de sí mismos por ausencia de conciencia de enfermedad, heteroagresividad en pacientes con psicopatología de base, anorexia nerviosa, etc.

Tradicionalmente se vienen citando los siguientes criterios para tener en cuenta en los ingresos involuntarios:

  • Que exista una indicación médica: síntomas psiquiátricos o que exista un diagnóstico psiquiátrico de trastorno mental grave descompensado que requiere tratamiento inmediato hospitalario.
  • Que la situación psicopatológica impida al paciente la toma de decisión por sí mismo (su estado le hace imposible el ejercicio del derecho a estar informado, así como aceptar o rechazar las medidas médicas que se le proponen); es decir, alteración de la capacidad para consentir el ingreso.
  • Que el ingreso se efectúe en beneficio del paciente o para la protección de terceras personas como serían riesgo de autoagresividad, riesgo de heteroagresividad, pérdida o grave disminución de la autonomía personal, con incapacidad para realizar las tareas de cuidado personal más necesarias.
  • La ausencia de este tratamiento conllevaría el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud. Pronóstico inmediato para el paciente negativo si no se efectúa un tratamiento hospitalario.
  • Que exista imposibilidad de tratamiento ambulatorio por abandono social, condiciones asistenciales, con peligro para la vida del paciente.

El ingreso involuntario debería ser una medida excepcional, pues “la falta de compromiso personal del paciente con la terapia reduce en grado sumo su efectividad”.

En ocasiones, la urgencia psiquiátrica requiere la intervención policial para entrar en el domicilio sin disponer de autorización judicial o para la reducción y el traslado de enfermos mentales. Las fuerzas de seguridad, en estos casos, actúan prestando su auxilio y protección a las personas en peligro, y cooperan en la resolución de conflictos privados cuando se las requiere para ello. Si bien lo razonable y deseable sería que los servicios sanitarios estuvieran dotados de medios propios, ya que el internamiento es un acto sanitario y la policía actúa sólo en funciones de auxilio.

Al respecto, pueden sentarse las siguientes normas: siempre que sea posible, el traslado deberá llevarse a cabo con los medios propios de que dispongan los familiares o las personas de confianza del paciente. Si no fuera posible, en principio corresponderá gestionar el traslado a las autoridades sanitarias, haciendo uso de su dispositivo asistencial, como si de cualquier otra enfermedad médica se tratase.

No obstante, en casos de grave riesgo, ya sea para el paciente o los que lo rodean, se solicitará la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y se procederá a reducir al paciente para que, posteriormente, el facultativo, si lo considera necesario, disponga la contención física o mecánica (mediante dispositivos de sujeción homologados) o la contención farmacológica oportuna. En cualquier caso, es defendible distribuir la carga del traslado entre policía y centros hospitalarios: el personal sanitario especializado se encarga prioritariamente del traslado, salvo en caso de peligro cierto para las personas.

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